Según estimaciones del Instituto de Servicios Sociales de la Región de Murcia (ISSORM), al menos 1.200 personas que no pueden moverse, comer o ducharse solas en nuestra Región serán atendidas por la Administración a partir del año que viene. Las restantes 35.000 familias murcianas que cuidan de allegados que no pueden valerse por sí mismos tendrán que esperar algo más e irán beneficiándose de esta ayuda progresivamente desde 2008 hasta 2015.

Los servicios de ayuda, las residencias, la atención domiciliaria, los centros de día y los cuidadores no serán gratis ni se implantarán todos de inmediato. Sin embargo, se tratará de un derecho universal, exigible por cualquier ciudadano que lo necesite y dará carta de naturaleza legal e institucional a las prestaciones que hasta ahora ofrecen, aisladas y muy desiguales, las comunidades autónomas y los ayuntamientos a los ciudadanos.

En FAMDIF/COCEMFE-Murcia valoramos de forma muy positiva los importantes avances incorporados por los grupos parlamentarios al texto a lo largo de su tramitación en el Congreso de los Diputados.  También estamos satisfechos con el amplio grado de consenso parlamentario alcanzado, imprescindible para que la implantación de la futura Ley y consolidación del Sistema que se crea tenga garantías de éxito.

Las personas con discapacidad hemos desempeñado un papel muy importante en el desarrollo legislativo de esta nueva ley, manteniendo unas conversaciones constantes con los partidos políticos y logrando que, al final, se tengan en cuenta gran parte de las exigencias que veníamos planteando.  Sin embargo, aún quedan por satisfacer algunas demandas que para nosotros son importantes.

El Proyecto de Ley, que continúa ahora su tramitación en el Senado, inaugura un camino de derechos sociales de nueva generación, que han de caracterizarse por las notas típicas de los derechos subjetivos como son la universalidad, el carácter vinculante y la exigibilidad.

A nuestro juicio, el precedente que significa la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha de completarse con la aprobación de leyes autonómicas de bienestar social que regulen los derechos sociales de todas las personas con discapacidad, se encuentren o no en situación de dependencia o precisen apoyos intensos para su autonomía personal. 

Desde FAMDIF/COCEMFE-Murcia seguiremos trabajando, directamente con nuestros representantes autonómicos en el Senado e indirectamente a través del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), tratando de avanzar en un texto legal que ha levantado una enorme expectación en nuestro sector social y en el que confían miles de personas con discapacidad y sus familias para la mejora de sus condiciones de vida y ciudadanía.

Contamos con el compromiso de los grupos parlamentarios y del Gobierno para incorporar en el Senado aspectos como la inclusión plena y explícita de las personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental como beneficiarias del Sistema, así como una mejor regulación de las ayudas técnicas y la eliminación de barreras en el entorno domiciliario.

Asimismo, plantearemos otras mejoras como la ampliación y clarificación de determinadas prestaciones y la introducción de servicios tan necesarios como el servicio para la autonomía personal y la vida independiente en el catálogo del Sistema.

Una vez que haya finalizado su tramitación en el Senado con las nuevas y necesarias incorporaciones, a nosotros aún nos quedará mucho por hacer en el posterior desarrollo de esta nueva Ley. A partir de ahí resultará imprescindible que participemos activamente en la implantación del nuevo Sistema Nacional de Dependencia que ha de crearse.

Por eso desde FAMDIF seguiremos llevando a cabo un seguimiento continuo del desarrollo de la “Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia”. Intervendremos para conseguir que esta ley y su desarrollo respondan, en un contexto realista pero exigente, a las demandas de las personas con discapacidad y sus familias.

Sólo nos queda confiar en que las personas con discapacidad, sus allegados, los profesionales que les atendemos y las entidades que los representamos no seamos utilizados durante los próximos meses como arma arrojadiza, dentro de la estrategia electoral de las fuerzas políticas, ante las próximas elecciones locales y autonómicas.